Es difícil encontrar antecedentes de medidas de este tipo en la provincia de Mendoza en relación a los cortes del tránsito, al menos en las últimas cuatro décadas. El dato cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta que las personas encarceladas son líderes sindicales.

En total, Macho enfrenta cinco causas activas y tres han sido archivadas; en tanto que Iranzo -que es su pareja- enfrentaría otras tres.

La acusación contra los representantes sindicales es por «entorpecimiento de la circulación del transporte público».

La norma en la que se basa la fiscalía es el artículo 194 del Código Penal, que reprime a quien «impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones (…)», y prevé una pena de entre tres meses y dos años.

Los detenidos fueron llevados a la Comisaría 3ª de Ciudad y, en el caso de Macho, se decidió su posterior traslado a una cárcel, posiblemente Almafuerte.

Desde una celda, Iranzo compartió la siguiente imagen en sus redes sociales y dijo «no ver a los políticos pidiendo por los luchadores», en alusión a los líderes del justicialismo, que hasta ese momento no se habían pronunciado públicamente:

Durante la mañana del martes, los dirigentes aprehendidos participaron de una asamblea general de delegados y congresales del Frente Estatal en el Hospital Notti. En esa reunión se decidió «redoblar las medidas de fuerza» ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el Gobierno.

«Esto no es una cuestión de los dirigentes, sino de necesidad de las bases, que no llegan a fin de mes», consideró.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó -en fallo dividido- la condena a los sindicalistas Raquel Blas (CTA) y Roberto Macho (ATE), que habían sido sentenciados por obstruir la circulación pública en calle Peltier en 2016.

Sergio Vignau, abogado de ATE, aseguró al programa Presente Simple, de Radio Nihuil, que “Roberto Macho es un preso político”.

“El fiscal Giunta rechazó el pedido de recupero de la libertad y ordenó el paso al penal. Lo que sorprende es que se le imputa un delito excarcelable y además la Suprema Corte ya se expidió sobre este tipo de delitos”.

“Lo que está haciendo el Estado provincial es criminalizar la protesta cuando los sueldos no llegan ni a la canasta básica de alimentos. Es algo que nunca vi en 30 años de profesión”.